Durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala entre los años 60 y 90 del pasado siglo, se produjeron atroces y continuadas violaciones de los derechos humanos que afectaron principalmente a los pueblos indígenas que habitan el Occidente del país. Todas aquellas masacres, violaciones en masa y decenas de miles de muertes y desapariciones forzadas, la mayor parte de las cuales fueron causadas por el Ejército, quedaron impunes, hasta el momento.

La reciente decisión de los tribunales guatemaltecos de investigar y detener a 18 militares retirados (incluidos algunos mandos), imputados por delitos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, constituye un paso fundamental en la búsqueda de justicia en el país, tal y como han señalado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Uno de los hechos investigados es la masacre de Río Negro, uno de los primeros ejemplos de movilización forzosa de una comunidad para la construcción de un gran proyecto hidroeléctrico (la represa del Chixoy, actualmente en producción). El ataque dejó más de 400 personas asesinadas a manos de los militares, incluidos decenas de niños y niñas.