Una jueza de Altamira, en Pará Norte, ordenó el 11 de enero paralizar el reservorio de la hidroeléctrica Belo Monte, y sancionó a la empresa constructora Norte Energía SA y al gobierno de Brasil por incumplir con la atención a las comunidades indígenas afectadas por su construcción.
La mega-represa Belo Monte se ubica en el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Está destinada a ser la tercera represa más grande del mundo, detrás de la binacional brasileño-paraguaya Itaipú y de la de Tres Gargantas en China. Desde el comienzo de las obras en junio de 2011, indígenas y ambientalistas han denunciado el gran impacto socioambiental del proyecto, cuya construcción se ha visto interrumpida en varias ocasiones por órdenes judiciales, protestas indígenas o conflictos laborales.
En diciembre de 2015 la CIDH abrió el caso contra el gobierno de Brasil para que respondiera a las reclamaciones de violaciones de derechos humanos que se han producido en relación con el proyecto de la presa de Belo Monte.
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