Boletín derechos indígenas

El asesinato de Berta Cáceres: la punta del iceberg de las agresiones contra los y las defensoras

berta

El pasado 4 de marzo fue asesinada la activista hondureña Berta Cáceres, líder del pueblo lenca, feminista y defensora de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Fue una decidida opositora al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, que afectaba varios ríos en el departamento de Intibucá, dentro de los territorios ancestrales de su pueblo, vitales para su supervivencia. Esta campaña de oposición logró que el constructor de represas más importante a nivel mundial -la compañía de propiedad estatal china Sinohydro- retirara su participación en el megaproyecto. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.

Fundadora en 1993 del el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora en 2015 del Premio Goldman -que reconoce a defensores de la naturaleza y el medio ambiente-, Berta llevaba años denunciando amenazas contra su integridad física. Pero estas amenazas nunca cesaron en un país, Honduras, que es considerado el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado a principios del mes de marzo por la ONG Global Witness (accesible en su web www.globalwitness.org)

La situación de vulnerabilidad de Berta Cáceres era tal, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección. Sin embargo, en el momento de ser asesinada ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente.

Este caso, que por el reconocimiento de Berta como una de las más destacadas luchadoras por los derechos humanos en su país y en toda América Latina ha recibido la atención de los medios a nivel internacional, es lamentablemente uno más entre las numerosas agresiones que reciben los y las defensoras de los derechos indígenas. De hecho, apenas dos días antes había sido asesinado el Gobernador Indígena del Resguardo Río Blanco Sotará, del pueblo yanakona (Cauca, Colombia), y pocos días después lamentábamos la muerte por arma de fuego de otro activista del COPINH, Nelson Noé García, al norte de Honduras.

El referido informe de Global Witness señala que de las 116 muertes de defensores ambientales que se documentaron el año pasado en el mundo –el número real puede ser mayor– casi tres cuartas partes ocurrieron en América Latina, especialmente en los territorios indígenas de Honduras, Brasil y Perú. En el caso concreto de Honduras, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. “Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en una región, Bajo Aguán”, señaló Chris Moye, de Global Witness, a la BBC.

La propia Relatora especial, Victoria Tauli-Corpuz, ha denunciado este preocupante escenario:

“Berta Cáceres es el nombre más reciente en una larga lista de activistas indígenas asesinados por defender sus derechos humanos. Ya es hora de que las naciones del mundo hagan que los perpetradores comparezcan ante la justicia y protejan a los activistas indígenas que protestan pacíficamente el saqueo de sus tierras y sus recursos.”

“Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores. Que éste sea el último asesinato de un defensor de derechos humanos y activista indígena que ocurra en Honduras.”

Ver comunicado de la Relatora en unsr.vtaulicorpuz.org

Pero siendo los asesinatos los ataques más crudos que sufren, los y las defensoras de los derechos indígenas tienen que enfrentar un escenario de continuas y permanentes agresiones que dificultan enormemente su labor y ponen en riesgo tanto su integridad física, como la de las comunidades y organizaciones a las que acompañan.

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