Desde el año 2011 lleva funcionando en el marco del sistema de las Naciones Unidas un Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos (GTEDH), surgido a raíz de la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de los Principios Rectores sobre esta temática -los conocidos “principios de Ruggie”: proteger, respetar y remediar-.
Para avanzar en el trabajo del grupo, se celebran desde 2012 las sesiones del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, que reúne a representantes de los sectores financiero y empresarial, la sociedad civil y el mundo académico.
El último periodo de sesiones se celebró durante el mes de noviembre en Ginebra (Suiza) para abordar tres puntos principales: el liderazgo e influencia de los Estados en la protección de derechos; la dirección e influencia de las empresas; y el rol de las instituciones financieras.
En torno a estas cuestiones destacó el debate sobre las numerosas violaciones de los derechos territoriales que siguen padeciendo los pueblos indígenas de todo el mundo y la necesidad de cumplir efectivamente el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para enfrentarlas.
El derecho al territorio: una asignatura pendiente
Durante el primer día de debates, se constató que, si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deberían incluir como grupos de población prioritarios, debido a su especial vulnerabilidad, a los pueblos indígenas, éstos apenas hacen mención de sus derechos. Esto es especialmente delicado en un escenario en el que muchos proyectos de energías renovables pueden alterar también los medios de vida de los pueblos indígenas.
Ante esta situación, Joan Carling, del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) de las Naciones Unidas, subrayó que dichos proyectos, de llevarse a cabo, deben respetar el derecho al CLPI. Además, abogó por la “colaboración entre el sector privado y los pueblos indígenas en pie de igualdad. El sector empresarial debería considerar esto como la base para asociarse con los pueblos indígenas de una manera que respete sus derechos y sus culturas”.
En el segundo día de Foro, se documentaron por parte de distintos representantes indígenas las violaciones de los derechos territoriales que se están produciendo en Colombia, Malasia, Kenya, Rusia y los EEUU (Standing Rock). En todos estos casos quedó documentada la presión que ejercen los sujetos privados sobre las comunidades dueñas de los territorios donde buscan construir sus proyectos de inversión, derivando en muchos casos en violaciones de derechos y en un preocupante desamparo jurídico.
Se acordó que sobre este tema el GTEDH presente un informe en 2017 para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluirá una sección sobre justicia y acceso a la misma.
La necesidad de hacer efectivo el CLPI
El tercer día se debatió sobre la necesidad de alcanzar un correcto funcionamiento de las consultas indígenas, partiendo de la constatación de la aplicación ineficiente del derecho al CLPI contenido en el Convenio 169 OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Roberto Suárez, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores, subrayó la necesidad de abordar estos temas desde un enfoque práctico, “teniendo en cuenta que no se trata únicamente del derecho al CLPI, sino que, por encima de ello, se trata de buscar soluciones para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de su derecho al desarrollo, atendiendo, entre otros asuntos, a los mecanismos de financiación para las organizaciones indígenas y el fortalecimiento de capacidades”.
Por su parte, Diana Chávez, directora del Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe, afirmó que “se debe fomentar la confianza en el proceso de cara a fortalecer a todos los actores que participan en la consulta. Todos los actores deben respetar el CLPI, lo que requiere que las empresas sean transparentes y reconozcan sus obligaciones. El Convenio 169 de la OIT proporciona una herramienta para entablar un diálogo más sincero entre los pueblos indígenas y los poderes económicos”.
Ver aquí la síntesis del doCip sobre COP 22 y Foro Empresas y DDHH
