Las empresas, en particular las grandes empresas transnacionales, juegan un papel importante en la falta de aplicación de los derechos indígenas internacionalmente reconocidos. Su poder de influencia en las políticas y prácticas nacionales, en particular en los países con modelos económicos extractivistas, es enorme. Hasta el momento, estos sujetos privados se han opuesto a cualquier intento de regulación y control de sus operaciones en relación con los impactos sobre los derechos humanos y han promocionado, desde hace un par de décadas, un enfoque voluntarista en el que son ellas quienes deciden qué derechos respetar, cómo hacerlo y cómo informar al respecto, sin contemplar más sanción que los daños comerciales que pudieran derivarse de la falta de la llamada ‘licencia social’. La responsabilidad social corporativa y el Pacto Mundial son ejemplos de esta tendencia, en la que crecientemente se incorporan compromisos de respeto de los derechos indígenas, dentro de su intrínseca debilidad.

Frente a esta tendencia, el Grupo de Trabajo Abierto para elaboración de un instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales -establecido por el CDH- emitió en julio del presente año una carta a los estados de todo el mundo instándoles “a velar para que el sector privado respete y trabaje por el desarrollo sostenible y por una mayor transparencia y rendición de cuentas frente a los riesgos e impactos en derechos humanos”.