El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) es un convenio para la liberalización del comercio y las inversiones promovido por Estados Unidos y que involucra a otros 11 países (Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile).

Con más de 26 capítulos, el acuerdo pretende regular un gran número de temáticas, como las inversiones estatales, la regulación laboral, los derechos de autor o el medio ambiente, entre otras. Sus negociaciones comenzaron en marzo de 2010 y, como han denunciado numerosas organizaciones sociales, han sido celebradas de espalda a la comunidad de los países afectados.

En la entrevista concedida al diario mexicano La Jornada, la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz analiza los previsibles impactos que este nuevo marco tendrá sobre los derechos de los pueblos indígenas, concluyendo que, de aprobarse, supondrá una “seria amenaza” para los mismos.

En primer lugar, la Relatora denuncia que las negociaciones del TPP se han llevado a cabo sin ningún tipo de participación por parte de estos pueblos y sus organizaciones representativas. Esto, señala, entra en conflicto con el derecho a la consulta libre, previa e informada (CLPI):

“… a los indígenas no se les suele informar lo que se está negociando, cuando deberían estar debidamente informados sobre los proyectos de inversión que tengan impacto sobre sus comunidades. Existe el derecho a la consulta libre, previa informada, para que al menos sean consultados sobre estos proyectos de inversión”.

También alerta que el TPP, al liberalizar la normativa para otorgar mayores derechos a las compañías, pone en riesgo el derecho de los pueblos a sus territorios y bienes naturales:

“Hay que tener en cuenta que muchos de los últimos recursos naturales se encuentran en los territorios indígenas, bien porque ellos los han protegido tradicionalmente o porque se hallan en áreas muy remotas. El agotamiento de los recursos en varios países hace que ahora se lancen sobre las riquezas de los territorios indígenas”.

Finalmente, señala también que existen precedentes que indican que la no existencia de medidas reguladoras sobre la actuación de las empresas dan lugar a graves impactos sobre los derechos humanos y sobre los territorios, como en el caso de la empresa Chevron en la Amazonía ecuatoriana:

“Tenemos el caso de Ecuador y la explotación de hidrocarburos de Chevron. La comunidad indígena ganó el juicio por la pérdida de su territorio y contaminación del suelo. A pesar de que la Corte Suprema dictaminó la obligación de la compañía para limpiar el área, no se hizo nada, pues la compañía alega que eso es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Este tipo de acuerdos comerciales apoyan completamente los derechos de las empresas, y las medidas que el Estado pudiera adoptar para la defensa de los derechos humanos pueden ser objeto de una demanda al amparo de estos acuerdos comerciales. “

Es posible acceder a la entrevista completa en la web del diario La Jornada (www.jornada.unam.mx).