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Derrames de crudo en la Amazonía peruana muestran los peligros del extractivismo

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Durante los dos últimos meses, los pueblos indígenas amazónicos del Perú han sufrido dos grandes derrames de petróleo en sus territorios (el 25 de enero y el 2 de febrero), ambos atribuidos a la empresa estatal petrolera Petroperú. Uno de los derrames vertió el equivalente a 2.000 barriles de crudo, que se han expandido por los ríos de la región afectando, entre otras, a decenas de comunidades achuar, shapra, wampis y awajún.

Los vertidos han destruido el ecosistema y puesto en riesgo la salud, la alimentación y la seguridad de los pueblos de la zona y suponen también una flagrante violación de sus derechos territoriales.

Organizaciones sociales peruanas han señalado que estas fugas “no son un hecho aislado, siendo actualmente seis las cuencas hidrográficas contaminadas por crudo pesado (heavy oil): Napo, Tigre, Pastaza, Corrientes, Morona y el Chiriaco Imaza, todos ellos afluentes del Río Marañón que al unirse con el Río Ucayali forman el Río Amazonas”. Advierten también de la carga tóxica de este tipo de crudo, que se extrae mediante fracking (fractura hidráulica) y que contiene tantos metales pesados sedimentarios como una carga de material radiactivo. Y alertan finalmente de que en el Perú no se ha desarrollado aún un sistema capaz de controlar las potenciales fugas del crudo pesado, dándose así un riesgo evidente de que éstas se repitan.

En este escenario el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) impuso el pasado jueves 18 de febrero una multa de 3,6 millones de dólares a la empresa PetroPerú, “por no haber adecuado sus instalaciones para mantener la integridad del Oleoducto Norperuano”.

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