El Banco Mundial ha publicado recientemente el informe Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI, en el que analiza, a través de una serie de censos y encuestas en toda la región, la situación de los pueblos indígenas durante la primera década de este siglo. El mismo reconoce que, “a pesar de los avances recientes, los pueblos indígenas afrontan barreras estructurales y culturales que impiden su inclusión social y económica plena. Para eliminarlas se requerirán esfuerzos coordinados de todos los actores que influyen en el desarrollo económico y social sostenible, incluidos los gobiernos, la sociedad civil, los organismos de desarrollo, los medios académicos y el sector privado, trabajando en todo momento en colaboración con las comunidades indígenas”.

Entre estos esfuerzos, el BM subraya la importancia de implementar del requisito del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) señalando que en muchos países de la región, las disputas semánticas sobre su alcance y contenidos “han resultado costosas y perjudiciales, tanto para las comunidades como para los gobiernos y las partes interesadas privadas”. Y añade:

“La experiencia de las últimas décadas demuestra que, por imperfecta que sea la legislación, el único modo de lograr que los proyectos de desarrollo avancen en territorios indígenas es a través de su involucramiento en el diseño, la implementación y el monitoreo de los programas. De facto o por ley, en América Latina ya no es relevante preguntarse si los pueblos indígenas deben participar en la toma de decisiones, las preguntas relevantes son cómo y cuándo”.

A partir del estudio de varios casos, el BM recoge una serie de aspectos que considera necesario tomar en cuenta para que implemente correctamente el CLPI:

• Representación: los representantes indígenas identificados deben contar con el respaldo y la aprobación de las comunidades a las que pretenden representar. Esta representación debería respetar los canales de participación comunitaria y tomar en cuenta las voces y las visiones de los sectores más vulnerables. Además sería recomendable favorecer la participación de la comunidad en su conjunto, a través de medios directos.
• Instituciones y procedimientos indígenas: durante la implementación de un proceso de CLPI, todos los actores deben asegurarse de que se respeten y tengan en cuenta las instituciones, los procedimientos y los procesos propios de toma de decisiones de los pueblos indígenas.
• Tiempo: es necesario asignar un tiempo suficiente para el proceso en su conjunto. Las limitaciones procesales y las condiciones contractuales, en particular las que establecen plazos rígidos, suelen ejercer gran presión e imprimen un ritmo al proceso de toma de decisiones que es difícilmente compatible con las tradiciones y los tiempos de los pueblos indígenas.
• Flexibilidad: las partes interesadas deben mantener una posición abierta y flexible durante todo el proceso. Es importante abordar el CLPI como un emprendimiento orgánico en el que las reglas, las metodologías y los objetivos pueden estar sujetos a revisiones constantes.

El informe concluye subrayando que:

«Tanto si está consagrado en las leyes y reglamentaciones como si es el resultado de exigencias de facto de los pueblos indígenas afectados, el CLPI es un elemento necesario para el éxito del proceso de toma de decisiones. Aunque todavía falta realizar numerosos ajustes en la manera como se implementa, la ausencia de este consentimiento da lugar a decisiones insostenibles y errores costosos”

Es posible acceder al informe completo del BM en español, en este enlace.