En febrero de 2016 el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS) de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó el informe titulado La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina, en el que realiza un breve análisis, a partir de casos específicos, de las tendencias comunes en la región en torno al uso indebido del Derecho Penal para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos, en escenarios en los que éstos se ven amenazados por la acción de las empresas. Es lo que se conoce como criminalización.

Además, destaca en particular dos ejes comunes a todos los países investigados:

Primero, es en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos en que aparecen con más virulencia los casos de criminalización a defensores (principalmente los que defienden el derecho a la tierra y al territorio o los derechos indígenas). Esto contribuyó en muchos casos a la desestructuración de sus movimientos.

Segundo, las empresas y el poder judicial desempeñan un papel clave en la criminalización de los defensores. Efectivamente, “son las empresas quienes en casi todos los casos inician los procesos penales contra defensores, solicitando la aplicación de leyes de excepción, como por ejemplo leyes antiterroristas”.

El informe completo se encuentra en la web www.fidh.org